El excandidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, cuestionó la estrategia del Gobierno de Keiko Fujimori frente a la inseguridad ciudadana y sostuvo que la reforma de la Policía Nacional es una de las principales medidas que todavía están pendientes al cumplirse los primeros 100 días de gestión.
En diálogo con RPP, Valderrama calificó con una nota entre 13 y 14 el desempeño del Gobierno hasta el momento. El dirigente señaló que, si bien consideró positivo que la presidenta presentara un balance de su gestión ante la ciudadanía, advirtió que todavía no existe una estrategia clara para enfrentar la criminalidad.
"Creo que en estos primeros días una de las cosas que ha caracterizado es la narrativa de que las Fuerzas Armadas deben protagonizar la lucha contra la inseguridad ciudadana y recién al borde del día 100 estamos volteando en ese tema realmente importante que es la reforma de la Policía", manifestó.
Protagonismo de las Fuerzas Armadas
El excandidato presidencial consideró que el enfoque del Ejecutivo frente a la inseguridad ciudadana fue un error de concepto, ya que, en su mensaje del 28 de julio, la presidenta planteó que las Fuerzas Armadas asumirían un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad.
Por ello, cuestionó la designación de un militar al frente del Ministerio del Interior, pues hubiera sido preferible nombrar a una persona con experiencia en la Policía Nacional.
"Yo hubiera preferido a alguien que tenga experiencia, sin duda, en la Policía, pues, por ejemplo, hablamos de que la reforma de la policía va a ser lo principal; creo que alguien que conociera la institución hubiera sido oportuno en ese puesto", señaló.
Valderrama también resaltó la distribución del presupuesto enviado al Congreso, el cual reduce, en términos relativos, los recursos destinados a seguridad, mientras incrementa considerablemente los correspondientes al sector Defensa.
Asimismo, advirtió la reducción de recursos para el Ministerio de Vivienda con miras a la preparación frente al Fenómeno El Niño.
Minería ilegal en Pataz
Respecto a la situación de inseguridad en Pataz y la ciudad de Trujillo, sostuvo que el Gobierno no presentó una propuesta integral para enfrentar la problemática de la minería ilegal durante el balance de sus primeros 100 días.
"Mientras nosotros no tengamos una estrategia de seguridad para ubicar, capturar, perseguir, etcétera, y evitar la corrupción que influye esta gente dedicada a la minería ilegal, va a ser muy complicado actuar si a la vez no planteamos un modelo de formalización del pequeño minero", refirió.
Consideró que la respuesta debe combinar un modelo de formalización para el pequeño minero y una estrategia de persecución contra las organizaciones dedicadas a la minería ilegal.
"Una ley realista de formalización para el grueso que quiere formalizarse, que no es violento, junto con una estrategia sumamente agresiva y potente para perseguir a los ilegales. Y nada de esto está ocurriendo", afirmó.
Además, planteó que los jueces, policías, fiscales, militares y trabajadores del sistema penitenciario que cooperen con organizaciones criminales reciban penas de cadena perpetua.
Por todo esto, el dirigente aprista sostuvo que, tras las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo en materia de seguridad, la población debe exigir que el Gobierno presente medidas concretas para enfrentar la criminalidad.
"creo que toca desde la sociedad civil exigirle al gobierno que por fin se vea con claridad cuál es la estrategia en materia de seguridad ciudadana, que creo que es la gran asignatura pendiente en estos 100 días", remarcó.
La referencia al rechazo de la interferencia de algunas organizaciones e instituciones extranjeras fue uno de los aspectos mencionados por el embajador Carlos Pareja, representante del Perú ante las Naciones Unidas, al reseñar la presentación de la presidenta Keiko Fujimori ante la Asamblea General de la ONU.
